El 6 de abril se ratificó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia que modifican la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Dos días después se realizó una audiencia en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ubicada en la capital de Estados Unidos, en donde la Coalición por una Comunicación Democrática denunció el desmantelamiento de la Ley de Medios.
Para profundizar en estas cuestiones hablamos con el periodista Luis Lazzaro, ex Coordinador General del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y ex Coordinador General de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Actualmente trabaja en el área de proyectos de la agencia de noticias Telam, es docente titular de Derecho de la Comunicación en Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad Nacional de Moreno y coordinador del programa de posgrado de televisión digital y nuevas tecnologías en la Universidad de la Matanza.
¿Qué significa para la ciudadanía Argentina la aprobación en Diputados de los Decretos de Necesidad y Urgencia de Mauricio Macri, que modifican la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
La implementación de los DNU nos afecta en dos dimensiones. Una tiene que ver con el derecho que tienen la sociedad civil y el sistema federal a participar en el organismo de control de una actividad que es fundamental para la vida económica, social y política de un país: la información y la cultura.
Eso existía en la legislación a partir de un Consejo Federal que integraba parte del Directorio del órgano de aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales y que permitía una distribución plural con una presencia importante del Parlamento en su Directorio.
Los Decretos anularon este organismo, su forma de conducción, y lo reemplazaron por un Directorio que está compuesto en su mayoría por representantes del poder ejecutivo y por personas del mismo color político que el ámbito gubernamental. Además, pueden ser puestos y removidos sin explicación, por lo cual la facultad que tiene el poder ejecutivo en esto es discrecional. Este es un elemento que viola derechos que la Argentina tiene en materia de gestión de un sistema de comunicación.
Por otro lado, los Decretos afectan al sector de la comunicación de la televisión por cable, el recurso más usado por los argentinos para informarse y entretenerse. Este sector estaba protegido por normas que obligaban a los operadores de tv por cable a tener en su grilla canales locales, públicos, infantiles, educativos. Toda una serie de contenidos que debían estar, de forma obligatoria, a disposición de la gente. Esto fue eliminado, y lo que queda es la posibilidad de que el mercado decida sobre los contenidos que tenemos que ver imponiendo por supuesto sus propios intereses, que tienen que ver con la lógica de la ganancia y con otro tipo de valores.
Así mismo la Ley que se modificó con los Decretos ponía límites a la concentración de los medios de comunicación tanto en cuanto a la cantidad de licencias como en la cuota de mercado que un mismo dueño de empresas podía tener. Al levantarse esta restricción, queda abierta la posibilidad de que una misma firma consuma absolutamente todo el mercado, y a partir de eso pongan arbitrariamente las tarifas y las condiciones de prestación de servicio, o pueden degradar la calidad del servicio. Esto también está en contra de lo que dicen los lineamientos internacionales y los compromisos constitucionales que tiene la Argentina.
¿Qué rol de viene a cumplir el Ente Nacional de Comunicaciones?
Los DNU disuelven en forma simultánea dos organismos que se regían por dos leyes distintas: el AFSCA , que se regía por la ley 26.522 y el AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación), que regía a través de la ley 27.078. Como los dos organismos son disueltos, los decretos crearon uno nuevo que tiene la misión de ser autoridad simultánea de ambas leyes. Esto es el Ente Nacional de Comunicaciones, el Enacom.
El problema es que como esto no surge de una ley integrada de audiovisual y nuevas tecnologías, lo que hace este organismo simplemente es capturar ámbitos jurisdiccionales para someterlos a la voluntad política del gobierno con leyes que quedan desfiguradas por los decretos.
Estos decretos han creado también una comisión que tiene como objetivo proponerle al congreso una ley que unifique los sistemas. Yo creo que el camino puede ser ese en la medida que sea una ley razonable que respete los estándares internacionales, que devuelva los niveles de participación federal y de la sociedad civil que existían. Recién ahí va a tener sentido un ente unificado, porque va a poder aplicar una sola normativa. Hoy lo que tenemos es una cosa extraña que depende absolutamente de la discrecionalidad del poder de turno y que aplica pedazos de leyes que no están articuladas como debería ser.
La Coalición por Comunicación Democrática denunció ante la CIDH los decretos del Poder Ejecutivo, convalidados por el Congreso. ¿Creés que de esta manera haya posibilidades de hacer retrotraer las medidas del Gobierno?
Queda claro que el gobierno no tiene intención de revisar nada de esto. Creo que la audiencia fue positiva porque permitió que las organizaciones que han venido trabajando por el derecho a la comunicación a través de la Coalición, pudieran exponer públicamente cuáles son las violaciones que producen estos decretos a derechos fundamentales en la Argentina.
Del otro lado mostraron a un gobierno que no respondió ninguno de los cuestionamientos puntuales. Se limitó a hacer consideraciones generales sobre pauta oficial, cadena oficial, persecución a periodistas, entre otras, temas importantes para debatir pero que no eran parte de la agenda de la audiencia. Yo creo que eso muestra que no hay voluntad ni intención de poder debatir esto, por lo menos en este momento.
Esperamos que sí suceda cuando ingrese algún proyecto al congreso para que, a través de un sistema transparente y audiencias públicas, podamos entre todos debatir cuáles son los mejores instrumentos para que toda la sociedad argentina pueda acceder a los derechos de la comunicación.
Video completo de la Audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En este contexto de apagón informativo y de la monopolización de la palabra, ¿cómo se hace para disputarle el poder a los grandes medios de comunicación?
Este es un camino que se compone de varias partes. Por un lado hay que profundizar el proceso de legalidad y desarrollo y lograr la creación de un nuevo mapa de medios en la Argentina, con protagonismo por un lado del sector público a través de las provincias, de los municipios, de las universidades, también de los medios comunitarios y del sector no comercial que tienen reservado un 33 % del espectro.
Fundamentalmente ahondar en el desarrollo del sector cooperativo de empresas que pueden dar servicios de triple play en todo el país desde una mirada distinta a la de las empresas transnacionales o las corporativas locales. Es decir, pueden dar televisión, telefonía e internet en muchos pueblos del interior del país y por lo tanto son espacios de comunicación que son necesarios fortalecer y desarrollar y por supuesto trabajar y acompañar aquello que tiene que ver con defender los principios federales, participativos, de fomento de la producción local y de la producción nacional que todavía están en la ley 26.522 para que se ese espíritu no sea avasallado por una nueva ley que se pretenda sancionar.
También es fundamental ponerle un límite a la concentración monopólica, no hay manera de hacer un sistema democrático si no es poniendo reglas de juego claras a los actores más concentrados del mercado porque lo que se discute acá no es a razón de la rentabilidad económica sino la necesidad de que muchas voces se puedan escuchar para que haya pluralismo informativo y la democracia se fortalezca. Hay que seguir trabajando en el desarrollo de nuevos medios de comunicación, darle sostenibilidad, proteger la producción nacional y limitar la concentración de los grupos monopólicos.
Entrevista realizada por Marcos Príncipi.
Fotos: Universidad Nacional de San Martín, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ente Nacional de Comunicaciones.