¿Qué ha pasado en Brasil? ¿Cómo puede ser que en tan solo pocas semanas el país que antes era una referencia en las políticas de centro-izquierda en América Latina se ha convertido en promotor de tremendos retrocesos? ¿Y por qué sólo Mauricio Macri ha sido el único de Jefe de Estado en saludar al Presidente Interino Michel Temer después de la votación del Senado Federal en 11 de mayo? El historiador y profesor universitario (Universidad Federal de Río Grande, Brasil), Artur Barcelos, hace un repaso por el origen del impeachment y analiza las consecuencias de tal suceso no sólo para su país natal, sino también para los pueblos de América Latina, en general.
En realidad, el retroceso y el saludo de Macri están relacionados y se complementan. Brasil llega a la crisis después de casi 14 años de gobiernos liderados por el Partido de los Trabajadores (PT). Una crisis que se generó de un virus inoculado aún mismo en la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia en el 2003. En junio del 2002, Lula, por aquel entonces candidato a la presidencia por cuarta vez, realizó un giro de 180 grados en sus posiciones históricas frente al capital y sus representantes. En un manifiesto conocido como “Carta ao Povo Brasileiro”, declaraba que “El pueblo de Brasil quiere un cambio de verdad. No acepta ninguna forma de continuidad, bien sea asumida o mascarada. Quiere trillar el sendero de la reducción de nuestra vulnerabilidad externa por el esfuerzo combinado de exportar más y de crear un amplio mercado interno de consumo popular.” Era la señal de que pretendía extender la mano a los partidos tradicionales y realizar un gobierno de coalición de cara a una economía de mercado, pero aún con fuerte actuación del Estado como promotor del desarrollo social. Y decía que proponía una negociación nacional que conduciría a “una auténtica alianza por el país, un nuevo contrato social, capaz de asegurar el crecimiento con estabilidad”. Era la trampa de la cual el PT no saldría sin quemarse hasta los huesos. Este pacto ha funcionado y Lula llegó al poder con millones de votos. Y volvió a ganar en 2006. El pacto fue el precio para vencer, gobernar y aprobar las políticas propuestas en el área social. Pero ha tenido un costo muy alto: el de la ruptura con principios que deberían ser irrenunciables en cualquier circunstancia.
No puedo permitirme ser tan ingenuo como para pensar que el PT no utilizó los mismos mecanismos de los partidos tradicionales para recaudar fondos y mantener su máquina en marcha y expansión. Sobornos, desvíos de recursos, “propinas”, vista gruesa a los achaques al erario público por parte de sus cuadros y sus aliados. Todo eso ha sido contabilizado por la oposición, quien supo esperar y preparar el terreno para el ataque. Creían que la hora llegaría en las elecciones del 2014, cuando Dilma Rousseff se presentó a unas elecciones con una situación de retracción en el crecimiento económico después de una década del “ciclo virtuoso”, como calificara Lula. Sin embargo, venció al candidato que llegó a la segunda vuelta, Aécio Neves, del Partido Social Demócrata (PSDB). Este partido fue segundo colocado en todas las elecciones presidenciales desde el 2002. Y había gobernado entre 1994 y 2002, con Lula llegando en segundo. O sea, la polarización entre PT y PSDB lleva 20 años en Brasil. Pero el partido que efectivamente garantiza los gobiernos de este presidencialismo de coalición es el Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que nació en el bipartidarismo permitido por la Dictadura de 1964 a 1985. Es el más grande partido en número de senadores, diputados, gobernadores, intendentes y concejales. De esta forma, los presidentes son obligados a concederle ministerios y otros cargos en cambio de tener apoyo en el Congreso Nacional. Y para colmo de esta entrega al PMDB, Dilma fue electa en su primera victoria en el 2010 al lado de un vicepresidente del PMDB, el señor Michel Temer. Y siguió con él en el 2014.
La derrota del PSDB vino después de una campaña que ya preanunciaba todo lo que está pasando ahora. Distinto a lo que fueron las campañas anteriores, en esta salió a la luz todo el rencor de las élites hacia las políticas de inclusión social que el PT había promocionado. De hecho, como decía Lula, nunca antes en la historia de este país hubo una política tan clara y determinada para crear las condiciones para que las clases populares se convirtieran en consumidores y para que llegasen a unas condiciones efectivamente mejores de vivienda, enseñanza, sobre todo universitaria, y renta. En paralelo, se puso en marcha la promoción de políticas que permitieron la visibilidad y la voz de muchos colectivos que siempre estuvieron al margen, tales como los afrodescendientes, los grupos LGBTS, las mujeres, entre otros; aunque en lo referido a los indígenas muy poco se ha hecho.
Lo que se ha visto en el 2014 fue el transborde del resentimiento guardado por años. Clamor que la derrota sólo hizo crecer. Y desde el mismísimo día del resultado, los derrotados empezaron a preparar un camino para abortar el mandato de Dilma Rousseff. Lo primero fue poner en sospecha las elecciones. Luego, empezaron a denunciar abusos económicos en la campaña de Dilma. Mientras tanto, los medios de comunicación tradicionales realizaban un torrente de ataques a las fragilidades económicas que, supuestamente, Dilma había ocultado antes de las elecciones.
Y es aquí que entran dos elementos importantes. El operativo Lava Jato de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal, bajo las decisiones del Juez Federal Sergio Moro; y la figura del Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB. El operativo Lava Jato es una investigación sobre los desvíos de recursos de obras y operaciones de Petrobras para los partidos de la coalición liderada por el PT. Y lo que debería ser un operativo para llegar a todos los políticos involucrados en el esquema, se convirtió en un instrumento de desmonte del PT. En determinado momento, todo pasó a ser una cazada a Lula. Desacreditarlo era fundamental para lo que se venía cocinando. Lula, que tanto había hecho por los grandes capitales y por el agrobusiness fue triturado por aquellas fuerzas a las cuales debería haber combatido apenas llegado al poder. Como no lo hizo y, en cambio, aceptó su apoyo y falsas adulaciones, tuvo que aceptar que se dejó convencer de algo imposible. Lula creía que todo lo que había hecho como presidente sería más que suficiente para que se le concediera el privilegio de algunos beneficios. Pocos. En realidad mediocres si lo comparamos a la forma en que viven las élites de Brasil. Quería un lugar para relajarse, un apartamento de clase media mejorado y unos regalos que ganó en el ejercicio de la presidencia. Pero nuestra cultura patrimonial y oligárquica no lo puede permitir esto. Figuras emblemáticas de la política nacional sí que pueden tener acceso a los mejores productos de consumo y disfrutar del mejor que el capital proporciona. Lula no puede. Al menos ese era el mensaje velado que trataban de hacer los medios a cada revelación espectacular que surgía al diario. Tales como el apartamento duplex, la quinta de un amigo o, lo más grave, un barquito de lata y dos barcos de niños para jugar en un lago. Claro que al decir eso no estoy absolviendo Lula de toda y cualquier participación en el esquema de Petrobras o de otras irregularidades. Pero, después de dos años, esto fue lo máximo que la Lava Jato consiguió. Sin embargo, fue casi suficiente para lo que era, y aún es, fundamental. Calificar Lula como imputable en un crimen cualquiera y así convertirle en inelegible para las próximas elecciones.
Como esto todavía no se concretó, los sectores interesados en interrumpir el mandato de Dilma Rousseff pasaron al plan B, el cual significa imputarle a Dilma algún crimen de responsabilidad administrativa. De hecho, Dilma, como todos los presidentes desde al menos 1994 y varios gobernadores de Estados lo hicieron, practicó el manejo de recursos para llegar a cerrar las cuentas mensuales.
El start lo han dado tres personas del área del derecho, que ingresaron en el Congreso Nacional con un pedido de impeachment. El Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó el pedido y empezó los trámites. Y lo aceptó porque los diputados del PT se negaron a defenderlo en un proceso que llevaría a la pérdida de su mandato. Desde un primer momento se levantaron las voces, dentro y fuera del Gobierno, denunciando que, las llamadas “pedaladas fiscales” no constituyen crimen. Pero las cosas se aceleraron. De forma rápida, se montó una Comisión, se aprobó el parecer y se hizo la ya famosa votación del día 17 de abril. Con la victoria del “Sí”, el proceso siguió para el Senado, en donde se encuentra. Allí también aprobó un parecer y, desde el día 11 de mayo, Dilma Rousseff se encuentra impedida de ejercer las funciones presidenciales. Su vicepresidente, cuyo partido había desembarcado del Gobierno, permaneció en el cargo esperando este momento. Y ahora ejerce interinamente la presidencia de la República. En realidad, se esperaba que el tuviera la grandeza de retirarse. Pero la grandeza moral no es su fuerte. En cambio, montó un Gobierno relámpago y ya empezó el desmonte de las políticas sociales del Gobierno al cual, de hecho, pertenecía.
Sus ministros son todos hombres, lo cual provocó las primeras manifestaciones más duras. Y en pocos días, lo que se ve es un proyecto en ejecución que no pasó por el cribo de las urnas. Que no fue discutido y defendido en una campaña electoral. Que no tiene la legitimidad de una mayoría de electores, sino que se funda en una pretendida legitimidad de que, una vez en funciones, el vicepresidente puede hacer lo que le dé la santa gana.
En estos días, las jornadas callejeras siguen creciendo, aunque no se les puede ver en los medios tradicionales. Miles y miles salen a protestar en las principales ciudades del país. Y una situación curiosa se ha creado. Los que antes salieron a pedir el impeachment de Dilma, y con ello, dieron el respaldo a los diputados y senadores, lo hacían también, según ellos, en contra de la corrupción. ¿Y ahora? ¿Dónde están las marchas multitudinarias que ocurrieron hasta el día 11 de mayo? Y razones no faltan. Michel Temer tiene en su gabinete siete investigados de la misma Lava Jato. Y en escalones menores ya llegan otros en mismas condiciones. Figuras expresivas del PMDB y PSDB, que tenían procesos en el Supremo Tribunal Federal, tienen suspensas las investigaciones por diferentes motivos. Algún que otro Senador ya señaló que, quizás, fue un equívoco votar por el “Sí”.
Por otro lado, movimientos sociales, colectivos organizados en las bases y una red de sites y blogs de internet buscan mantener la denuncia de que se trató de un golpe jurídico y político y de que Michel Temer no tiene legitimidad para seguir gobernando. Los medios tratan de presentar las medidas del Gobierno Interino y de darle credibilidad, aunque no pueden ocultar que se trata de un proyecto totalmente distinto y que contiene medidas duras. Pero estas son presentadas como males necesarios. Mientras tanto, Dilma está ocupando la residencia oficial del Palacio Alvorada y mantiene algunas prerrogativas del cargo. Se espera que el juicio en el Senado tenga momentos de tensión. Ahora, el Supremo Tribunal tendrá que manifestar su posición sobre la caracterización o no de crimen en los actos practicados por Dilma. Pero hay ya un proceso de misma naturaleza en contra de Michel Temer, por haber cometido los mismos actos una vez en funciones en ocasiones que substituyó a Dilma. Y en el Tribunal Superior Electoral se tramita desde 2014 una acción del PSDB que pide la salida de Dilma y Temer por irregularidades en la campaña electoral. Es la carta oculta de la baraja que tiene la oposición.
En definitiva, todo el proceso se configura como un golpe jurídico y político, en el cual se manejó la legislación mientras se creaba el clima con las revelaciones selectivas del operativo Lava Jato. Es posible que Temer y su equipo metan la pata y no sea posible sostener más esta farsa de constitucionalidad por absoluta falta de apoyo. Es posible que senadores cambien sus posiciones; de hecho basta que dos lo hagan, y en la votación final devuelvan la presidencia a Dilma. Es posible que, antes de que todo se termine, desesperadamente se consiga impedirle a Lula de ser candidato y, libres de este fantasma, decidan por convocar elecciones. Es posible que pasen muchas cosas. Pero, por ahora, lo que se ve es que los que están en el Gobierno tienen prisa. Tratan de aprobar lo más rápido posible el desmonte de las políticas sociales y de las estructuras de Estado que las manejaban. El próximo paso será, seguramente, crear las condiciones para que Petrobras pueda ser privatizada y destrozar los derechos laborales garantizados por la legislación. Esta prisa puede ser su tumba. Y deshacer lo que se anuncia no será tarea fácil.
Lo mismo que se ve hoy en Argentina, con las debidas diferencias, pasa ahora en Brasil. No llegamos a los despidos masivos porque los servidores públicos gozan acá de estabilidad legal. Sin embargo, ésta puede derribarse en una votación del Congreso. Pero hay una diferencia fundamental. En Argentina, Mauricio Macri venció en elecciones. Así que, se puede y se debe cobrar de sus votantes la responsabilidad por las políticas macristas. En Brasil, cuando uno cobra de los que apoyaron el impeachment que se hagan cargo de lo que viene, dicen que no votaron a Temer. Yo tampoco voté a Temer como vicepresidente de Dilma para que la sustituya por un golpe. Soy responsable por los actos de Dilma. Pero no lo soy por los de Temer. Y aquí se trata entonces de hacer creer que nadie es responsable por lo que hace o venga a hacer Temer. Curiosa situación en la cual un Gobierno no presta cuenta a nadie y nadie lo defiende. ¿Habremos llegado a la era pos-democrática, como califican Pierre Dardot y Christian Laval? ¿No estarán estos episodios y otros que seguro vendrán en Sudamérica apuntando para el fracaso absoluto de la Democracia Delegativa?
Como he dicho al principio, ahora nos toca a nosotros la ola conservadora que ya pasa sobre Argentina. Navegando en esta ola, Macri se siente bien en la condición de ser el único Jefe de Estado que saludó a Temer. A ver si esta ola no se traga a los dos. La política latinoamericana no es para amadores. Y, como nos alerta Adolfo Pérez Esquivel, a los pueblos de nuestra América nos queda la resistencia social, cultural y política para defender los derechos de todos, incluidas nuestras democracias. Yo acrecentaría que, más que defender la democracia actual, hay que superarla, hacia una democracia participativa, con base en consejos populares y soberanía del pueblo. Al final, todo este embrollo, en el futuro, se le va recordar como un hecho más en la larga historia de dominación capitalista en Latinoamérica, y que sirve de ejemplo para los límites absolutos que existen para cualquiera que sea el intento de superación de las desigualdades mientras este sistema perdure. Y eso es una perspectiva histórica. Más grande que el PT, más grande que Lula, más grande que Dilma, más grande que nosotros.
Artículo del Dr. Artur Barcelos para El Cartel
Fotografías de Nathália Gregory
