Por lo general se utiliza el término género para hablar de las mujeres y la reivindicación de sus derechos. La perspectiva de género es aquella que pone foco en las relaciones entre las personas, atravesadas por la construcción de sus identidades, sus modos de ser hombre y ser mujer. La identidad es un proceso de construcción producto del entrecruzamiento de distintos factores socioculturales, históricos, políticos, económicos, familiares y subjetivos.
Podemos decir que el género se construye culturalmente y que no es el resultado directo del sexo biológico. Es decir, que la genitalidad no es la única variable que constituye nuestra identidad. En este marco, estamos condicionados por un sistema binario, hegemónico y heteronormativo en donde las únicas categorías pensables son la de ser hombre y ser mujer, heterosexuales. Estas formas dominantes condicionan constantemente el modo en que percibimos y nos relacionamos con las personas.
No pudiendo salir de dicha dicotomía, tendemos a ubicar a lo diferente, a lo distinto como algo negativo. Toda persona que no se ajuste a los casilleros de la norma, a los casilleros de lo esperable es juzgada, hostigada y oprimida. Actualmente romper con estos casilleros tiene costos altísimos, numerosos feminicidios, travesticidios, muerte.
En los últimos años, hemos sido testigos de la promulgación de distintas leyes que ponen en tela de juicio el patriarcado, entendido este como un régimen de dominación, determinado por una relación asimétrica de poder entre hombres y mujeres. Lejos de considerarlo algo meramente conceptual, al patriarcado lo portamos todxs, en cada práctica de la vida cotidiana, en cada modo de entender y comprender a lxs otrxs.
Las leyes fueron el producto de luchas históricas de distintas organizaciones sociales, feministas, de diversidad sexual y de DDHH en donde es y fue fundamental el rol del Estado como garante de estos derechos adquiridos y sobre todo como aquel agente capaz de diseñar e implementar políticas públicas con una perspectiva de género.
En julio del 2010 la promulgación de la Ley de matrimonio igualitario posibilitó un profundo debate en las distintas esferas de nuestra sociedad, la extensión de este derecho civil se ubica como un paso inicial frente al diseño de políticas públicas más inclusivas. Este reconocimiento dio lugar a la discusión en torno a distintas problemáticas que hasta el día de hoy transitan tanto las mujeres, como el colectivo LGBTIQ. (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex, Queer)
Con la Ley de identidad de género se pone en relieve la situación de extrema vulnerabilidad de uno de los sectores de este colectivo más postergados, el colectivo trans.
Dicha ley, a diferencia de la ley de matrimonio igualitario, no implica la ampliación de un derecho, sino que representa el reconocimiento de un derecho humano fundamental, el derecho a la identidad.
La ley de identidad de género es un reconocimiento por parte del Estado hacia las personas trans como sujetxs de derecho, un modo de reparación frente a los años de discriminación, opresión y de una violación sistemática de sus derechos.
Frente al contexto actual donde se está llevando adelante un claro vaciamiento del estado, en qué medida se puede pensar la continuidad de una política pública inclusiva, qué impacto tiene en las distintas organizaciones que trabajan esta temática, cómo nos afecta en tanto sociedad. La derecha más conservadora nos gobierna habilitando practicas violentas, represión sistemática, estigmatización de la pobreza, señalamiento constante de lo diferente como peligroso, opera mancomunadamente en contra de todos los derechos que supimos conseguir.
Tenemos que nutrir lo colectivo, tenemos que hacer circular nuestras palabras, analizar nuestra realidad, embarrarse en otras realidades en pos de construir y defender una sociedad más igualitaria. Tomando palabras de la eterna Diana Sacayán “No hay construcción posible en soledad”.